Discurso De Rafael Blanco Canto, Presidente Del Conep

Jun 25, 2015

Muy buenas Tardes a todos los presentes,

Buenas tardes señor Gustavo Tavares, presidente de AMCHAMDR y presidente de Marítima Dominicana, y junto a él todos los miembros de la honorable mesa principal.

Agradecemos la invitación del AMCHAM para participar de este evento.

 amchamdr noticiasDurante los últimos 50 años nuestro país ha crecido de forma vigorosa y sostenida. Esto nos ha permitido avanzar de manera significativa como nación y en el transcurso de dos generaciones hemos podido pasar de ser una economía de baja renta a convertirnos en una economía de ingreso medio, insertada en el contexto mundial. A lo largo de ese trayecto los avances institucionales, sociales y económicos han sido más que evidentes.

Quizás muchos de los que estamos inmersos en el día a día no logramos notarlo, pero aquellas personas residentes en el exterior que vinieron o nos visitaron en los años 70´s y 80´s y regresaron recientemente pueden atestiguar, parafraseando al prestigioso historiador dominicano, Frank Moya Pons, el Gran Cambio que ha experimentado la República Dominicana. Para los más incrédulos sólo bastaría con una breve revisión del material gráfico, en video o fotografía, y de las cifras económicas, demográficas y de infraestructura disponibles para darse cuenta de la contundencia de lo que afirmamos.

Es cierto que a pesar de todo esto, son muchos los retos que persisten y grandes los pasos que debemos dar para consolidar nuestro posicionamiento y generar mayores niveles de bienestar, pero lo importante es que contamos con los elementos necesarios y con recursos en diversos órdenes que nos colocan en una posición favorable frente a muchos países de nuestra región y el mundo. Contamos con la energía, la creatividad, el talento, la cultura de trabajo, la experiencia, la vocación emprendedora, la posición geoestratégica y los recursos naturales y humanos que se requieren para avanzar mucho más, y más rápido de lo que lo hemos hecho.
Contamos con un gran activo: la paz social, y la vocación de alcanzar cuotas elevadas de desarrollo que conviertan a nuestros compatriotas, sin exclusiones, en seres humanos del siglo XXI portadores de los avances educativos, tecnológicos y cibernéticos que lo caracterizan.

Es por esa razón que a pesar de las muchas dificultades que todos reconocemos que existen en nuestro país, año tras año se invierten en él miles de millones de dólares tanto por concepto de inversión extranjera directa, como por parte de inversionistas locales de todo tipo. Por eso, sin importar las adversidades, limitaciones y obstáculos, existen miles de dominicanos que crean micros, pequeñas y medianas empresas y que están dispuestos a asumir el riesgo de iniciar un negocio para, a través de su ingenio y voluntad, generar riqueza, empleos y bienestar para ellos mismos, sus familias y la sociedad.

Tenemos retos y grandes, pero uno de los mayores es superar «la visión pesimista» de la historia dominicana, impulsando lo que algunos se atreverían a llamar una revolución del optimismo, pero que yo prefiero denominar una evolución hacia el optimismo, que consistiría en empoderarnos de nuestros éxitos y tomar toda la experiencia y conocimientos generados para seguir avanzando con mayor determinación.

Es importante resaltar que en todo lo que hemos construido como nación durante estos más de 50 años de democracia, el sector empresarial ha jugado un rol determinante. Innumerables horas de trabajo y miles de millones de dólares han sido invertidos en la economía nacional. Testimonio de ello son la gran cantidad de empresas agropecuarias, manufactureras, de comercio y servicios, que nos han convertido en la primera economía del Caribe y en una de las principales de la región centroamericana.

En adición, el sector empresarial ha mantenido su compromiso de aportar al bienestar y desarrollo de las comunidades, a través de la generación de empleos y las contribuciones al fisco, así como los aportes voluntarios a través de programas de responsabilidad social dedicados a la protección del medioambiente, la promoción del deporte, la cultura, una vida saludable y la educación. Este compromiso se renueva cada año no en el discurso, sino en las diversas acciones empresariales que tienen como bandera la responsabilidad con la sociedad dominicana.

A pesar de todo ello, aún es mucho lo que tenemos por delante, sobre todo en lo que respecta a lograr que más dominicanos mejoren sus ingresos y su calidad de vida. Ningún pueblo puede darse el lujo de mostrarse satisfecho, sobre todo cuando persisten tantos retos.

Es por eso que debemos crear más oportunidades para su inserción en la economía nacional, reduciendo los costos y tiempos para el inicio de nuevos negocios y eliminando la burocracia y las cargas innecesarias que penalizan el emprendimiento y la producción. De igual forma, se hace fundamental seguir mejorando la calidad del gasto público en educación y salud, lo que sin duda alguna contribuirá al aumento de nuestros niveles de productividad y por tanto a mejorar no sólo las condiciones económicas de nuestro país, sino de manera directa la economía familiar de los emprendedores y trabajadores dominicanos.

Debemos hacer una apuesta para tener mejores maestros, y para ello se hace necesario priorizar la inversión en la capacitación de nuestros profesores y de los formadores de los maestros, así como convertir a los buenos maestros en seres venerables objeto de la estimación pública por su dedicación, perseverancia y resultados positivos.

Existe evidencia de sobra en la región que nos enseña lo que ha sucedido con los países que no aprovecharon los grandes recursos generados durante extendidos períodos de expansión, para convertirlos en bienestar colectivo. En nuestra región existen lamentables ejemplos de ello, en una Latinoamérica que aún sigue siendo la región más desigual del planeta.

Recientes estudios del Fondo Monetario Internacional y de la OECD, han confirmado que (cito): «Los países que acentúan su desigualdad reducen sus perspectivas de crecimiento en el mediano plazo. El Fondo calcula que si el 20% de la población más favorecida aumenta un punto porcentual la cuota de ingresos que acumula, se reduce el potencial de crecimiento del PIB de ese país en 0,08% en los cinco años siguientes. En cambio, cuando el 20% más bajo de una población gana un punto porcentual del pastel de los ingresos de un país, el potencial de crecimiento sería un 0,38% mayor».

Esto constituye un reto no sólo para nuestros Estados y sus políticas públicas, sino para nuestro liderazgo económico y para el ingenio de nuestros emprendedores e inversionistas, quienes tenemos la responsabilidad de ir más allá de los tradicionales programas de responsabilidad social y desarrollar modelos de negocios que, en sí mismos, cada día agreguen mayor valor a las comunidades que rodean nuestras empresas para fomentar las redes económicas y encadenamientos productivos que mejoren, a través de la propia actividad económica, los niveles de vida de las comunidades en que producimos y/o a las que vendemos.

Sobre esto existe un interesante trabajo desarrollado por los profesores de Harvard Mark Kramer y Michael Porter, denominado «Creating Share Value». Crear valor compartido se define como prácticas operacionales que mejoran la competitividad de una empresa y de forma concomitante estimulan el avance social y económico de las comunidades donde opera la compañía. Se enfoca en identificar y expandir las conexiones entre progreso económico y social. Descansa en la premisa de que ambos, progreso económico y social, deben ser logrados usando los principios de creación de valor.

El enfoque tradicional mira los efectos sociales como un asunto periférico, pero esta nueva visión lo integra como parte central de la generación de riqueza y de valor. Se sustenta en tres elementos claves: Primero, repensar los productos y los mercados para que se orienten a las necesidades de la gente; 2) Redefinir la productividad y las cadenas de valor para que integren a mayor cantidad de actores de la localidad, como las MIPYMES; y 3)Promover la creación de clusters de productores para que puedan aprovechar economías de escala, invertir en la mejora de sus niveles de productividad, etc.

El sector empresarial debe asumir una mayor cuota de responsabilidad social, pero igualmente se requiere de un marco de políticas públicas favorables. 

Señoras y señores, existen momentos que constituyen puntos de inflexión histórica para los países y éste en que nos encontramos ahora podría ser uno de ellos. Si no tomamos consciencia de nuestros retos y adoptamos las medidas para seguir avanzando, podríamos caer en lo que el político y economista chileno «Alexandro Foxley» denominó «La trampa del ingreso medio». Con ella se alude a aquellos países que logran superar «la baja renta» pero que por malas decisiones no logran convertirse en países desarrollados.

Según explica Foxley (y cito) «La trampa de los países de ingreso medio es un concepto multidimensional, compuesto principalmente de cuatro elementos: Primero, problemas de competitividad, productividad y falta de dinamismo de las exportaciones como motor del crecimiento, por falta de diversificación de productos y destinos; Segundo, debilidad de las redes de protección social, Tercero, fallas en el mercado laboral y en la formación de capital humano; Cuarto, instituciones frágiles o ineficientes. Estos cuatro componentes tienen fuertes complementariedades y pueden hacer más dificultoso y lento el tránsito de un país de ingreso medio hacia una economía avanzada. El desafío común para estos países es cómo sostener un alto crecimiento».

Si nos fijamos con cuidado nos daremos cuenta que cada uno de estos cuatro elementos no son más que caras de una misma moneda y retratan con fidelidad la situación dominicana.

En un país con el dinamismo y la inteligencia de la República Dominicana, el elemento que constituye un prerrequisito esencial para poder afrontar los demás con determinación es el fortalecimiento institucional. Los dominicanos no podemos postergar un minuto más ser gobernados por reglas de juego claras, transparentes y duraderas, pero sobre todo diseñar mecanismos fuertes que hagan obligatorio para todos el cumplimiento de esas leyes.

Como país tenemos que tener la capacidad de acordar una única manera de hacer las cosas, sin miramiento de personas, instituciones o circunstancias. Debemos abocarnos a un nuevo gran pacto social que establezca una nueva forma de vivir y relacionarnos, sustentado en la igualdad de todos ante la ley y frente al Estado. Que la ley no se aplique selectiva ni arbitrariamente, y que nadie puede estar por encima de ella.

Debemos superar la cultura social de querer imponernos a toda aquella norma que esté por debajo de nuestro poder o influencia personal. Dicho de forma llana: es hora de dejar atrás el desorden y la anarquía propios del subdesarrollo y cuya evidencia más notoria son el caos del transporte público, la arrabalización de nuestras ciudades, vías públicas y polos turísticos, por mencionar algunos de los que conocemos.

Señoras y señores, el desarrollo de los pueblos se vincula a la calidad de sus instituciones. En el libro Why Nations Fail, de Acemoglu y Robinson, señala que «las instituciones influencian el comportamiento e incentivos en la vida real, y forjan el éxito o fallo de las naciones…Las instituciones económicas son críticas para determinar si un país es pobre o próspero, pero es la política y las instituciones políticas que determinan las instituciones económicas que un país tiene.»

Señoras y señores, dada esa realidad, son muchas las tareas que en el ámbito institucional tenemos por delante. En este contexto, quiero dejar constancia de que en el sector empresarial estamos firmemente convencidos de la importancia de contar con mecanismos de mayor rigor que dificulten el cambio de la Constitución por razones coyunturales. Asimismo, hay que estar conscientes de que las próximas elecciones serán una de las más complejas celebradas por la República Dominicana en los últimos 20 años.

Es por esto que resulta impostergable crear condiciones que permitan mantener la confianza ciudadana en el sistema político y mitigar los riesgos de desgaste que se ciernen sobre el liderazgo partidario. De no actuar en este sentido, estaríamos abriendo el camino a opciones populistas no deseables, que bajo la excusa de reivindicar al pueblo vendrían a sacrificar las bases de nuestra sociedad y a poner en peligro el bienestar real y sostenible de nuestra nación.

En este sentido, la primera medida que se hace impostergable es la aprobación de una robusta Ley de Garantías Electorales que regule los gastos de campaña, que garantice niveles de equidad en el acceso a los medios de comunicación, la colocación de publicidad y que ponga control al uso de los recursos del Estado y las ventajas que ofrecen las posiciones públicas durante las campañas. Esta ley tiene que tener por objeto reducir los enormes gastos que convierten en prohibitivas las campañas electorales para el liderazgo emergente. El que aspira al poder desde el poder tiene las ventajas que le otorga el cargo y si abusa de ellas por la inexistencia de reglas, entonces no existe la igualdad de condiciones que se requiere para que el proceso sea legítimo.

En adición, resulta fundamental que la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que se apruebe no sea cualquiera, sino una que establezca reglas claras que garanticen una institucionalidad democrática y transparente a lo interno de los partidos; y que disponga una adecuada rendición de cuentas de uso de los fondos que reciben del Estado, pero también total transparencia de los aportes del sector privado. Sin transparencia en la financiación de los partidos y las campañas no puede existir real democracia, pues no se sabe de donde viene el dinero que financia las candidaturas y no se sabe los compromisos que tienen los funcionarios electos.

Asimismo, y como complemento a estas medidas, es necesario que se apruebe una Ley de Responsabilidad Fiscal, que establezca reglas claras para el establecimiento y uso del presupuesto público, que ponga límites al endeudamiento y a los déficits fiscales. Esto nos permitirá evitar la repetición de amargas experiencias del pasado que han costado miles de millones de pesos al bolsillo de los contribuyentes. Quienes usan los fondos públicos al margen de lo dispuesto por las reglas presupuestarias deben ser sancionados con todo el peso de la ley.

El Congreso Nacional se encuentra apoderado y estudia desde hace años estos tres proyectos de ley que hemos señalado, los dos primeros en las versiones sometidas por la Junta Central Electoral y el último sometido por varios legisladores a partir de la propuesta elaborada por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES). En tal virtud, queremos solicitar a las fuerzas políticas predominantes en el congreso, llegar a un acuerdo para la aprobación de este paquete legislativo. Un proceso electoral organizado sin estas leyes de garantía sería más que cuestionable.

Otro tema que resulta de gran preocupación para el país es la gran fragmentación del territorio nacional. Hoy contamos con una gran cantidad de provincias, municipios y distritos municipales, muchos más que los que deberían existir si tuviéramos un adecuado plan de ordenamiento territorial. Continuar el camino de la fragmentación no sería contribuir al desarrollo de las comunidades, sino todo lo contrario, sería crear burocracia y cargas públicas que limitarán la capacidad de hacer una buena gestión del territorio. En el CONEP, estamos opuestos a cualquier medida que tenga por propósito seguir creando indiscriminadamente nuevas provincias; la tendencia debería ser reducirlas a un número manejable que facilite una mejor gestión de las políticas de Estado y de desarrollo local.

Muchos se preguntarán ¿Qué hace el CONEP hablando de temas políticos o buscando trazarle pautas a los partidos? En realidad es importante comprender que un sistema político estable y una institucionalidad democrática fuerte son materia prima para la existencia de un adecuado clima de negocios, de verdadera seguridad jurídica y de un real Estado de derecho. Sin ellos no existen condiciones para la verdadera libertad de empresa. En adición, el sistema político es piedra angular de nuestra institucionalidad y mejorarla es un elemento clave, para superar «la trampa de los países de ingreso medio».

En este mismo ámbito, no podría dejar de referirme a uno de los temas de mayor preocupación nacional, me refiero al tema migratorio. Queremos antes que todo reconocer la gran labor del gobierno en el marco de la puesta en marcha del Plan Nacional de Regularización de Migrantes el cual apoyamos y defendemos aquí y si fuese necesario ante organismos y personalidades de otras tierras que pretenden hacer opinión sin entender siquiera el mismo. Lograr implementar este plan es una muestra de voluntad y compromiso con el interés de ordenar nuestra casa y comenzar a resolver una situación que no ha sido otra cosa que un gran cúmulo de descuidos acumulados durante muchos años.

Tres cosas entendemos que son prioritarias en esta coyuntura, y las queremos esbozar a manera de sugerencia al gobierno dominicano.
Lo primero es tomar las medidas para garantizar el cumplimiento irrestricto a los protocolos y al debido proceso de ley por parte de los oficiales públicos involucrados en las repatriaciones de aquellos extranjeros que no se acogieron al plan.

Lo segundo es que el Estado debe dotarse de una capacidad de comunicación e influencia en los medios y centros de poder internacionales para comunicar la versión dominicana y para mitigar la campaña de descrédito que actualmente se impulsa contra el país. En esto el sector empresarial está dispuesto a hacer los aportes necesarios.

La tercera, y posiblemente la más importante, para reducir las presiones migratorias hacia los grandes centros económicos del país, es diseñar un plan maestro de desarrollo de la frontera. Promover una gran acción pública y privada para crear empleos formales y dignos para los dominicanos y contener la inmigración indocumentada. Como sabemos, el desarrollo y dominicanización de la frontera es un viejo anhelo de política, común a muchos gobiernos.

Es dentro de este contexto y bajo esa filosofía que tiene cabida el apoyo que hemos venido dando a iniciativas económicas como las que impulsa el Consejo Económico Binacional Quisqueya (CEBQ), la cual está siendo promovida por un conjunto de inversionistas y empresarios dominicanos y haitianos, bajo una modalidad de inversión público-privada binacional inclusiva.

Dicho todo esto queremos reafirmar nuestro fiel compromiso de continuar trabajando de manera proactiva de la mano con el gobierno y la sociedad, en la definición de políticas y programas que fortalezcan nuestra economía y nos mantenga firmes en el camino hacia el crecimiento y la prosperidad.

Para tales fines queremos extenderles desde ya una invitación a la 8va Gran Convención Empresarial, que como ustedes saben es el principal evento de concertación y unificación de criterios del sector empresarial de todo el país para la elaboración de propuestas, a ser presentadas al sector público y a los partidos políticos. Este gran evento tendrá lugar los días 20 y 21 de octubre de este año.
El resultado de ésta será la definición del plan estratégico del sector empresarial para el período 2016-2020, que debe traducirse en el primer picazo en nuestro llamado a la urgente necesidad de realizar una reingeniería a nuestro sistema social y económico.

La República Dominicana nos necesita más que nunca. Construyamos juntos la patria a la que todos aspiramos.

Señoras y señores: desde el CONEP nuestra apuesta es por un sector público institucionalizado, transparente y eficiente, un sector privado responsable, dinámico y diversificado y que todo esto conduzca a un país competitivo, próspero con desarrollo social, económico y ambiental sostenibles para el bienestar de toda la familia dominicana de hoy y de siempre.

¡Muchas gracias!

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