Discurso De Francisco Dominguez Brito “Seguridad Jurídica: Su Impacto En El Sector Privado”

Jun 18, 2015

La América hispana se encuentra, en la actualidad, en un raudo proceso de transiciones y cambios. Pese a la obstinada supervivencia de algunos males sociales y fenómenos indeseados que suponen para los Estados y sus ciudadanos importantes retos y desafíos en términos de convergencia, competitividad, erradicación de la pobreza y lucha contra la desigualdad social, mantenernos optimistas y apostar por un mejor porvenir no nos convierte en idealistas u obstinados hacia lo imposible.

Prácticamente todos los países de la región están inmersos en una senda de crecimiento, progreso y bienestar, que se ve reforzada por unos niveles de estabilidad democrática y macroeconómica sin precedentes en su historia reciente. La República Dominicana no es ajena a este favorable fenómeno. Con la economía más grande de la región del Caribe y un crecimiento del producto interno bruto (PIB) estimado en 4.5% en 2015 ––más de cuatro veces el promedio regional (1%) ––. República Dominicana se encuentra dentro de las 50 economías del mundo ––ostentando Santo Domingo, dentro de esta clasificación, la posición de la cuarta ciudad en la región––, donde es más fácil realizar comercio transfronterizo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) .

En esos términos, el comportamiento coherente que se espera de todos los agentes y actores que conforman la sociedad dominicana, tal y como ha señalado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) , no es otro que el de trabajar para garantizar la sostenibilidad de esta positiva vorágine. Esta apunta a la consolidación de un modelo de desarrollo basado en la coherencia entre la igualdad y el crecimiento, con miras a seguir fortaleciendo al Estado y a las instituciones públicas, dotándolas de las capacidades necesarias para el adecuado cumplimiento de sus funciones y garantizando la existencia de marcos jurídicos claros, estables y previsibles, ya que sin éstos es prácticamente imposible que se puedan generar las condiciones para el crecimiento y la cohesión social de la sociedad dominicana.

El Estado dominicano, en la actualidad, intenta modelar los esquemas e infraestructuras operativas e institucionales de países cuyos índices de progreso y cohesión son mayores, gracias a la credibilidad social de la que gozan los sistemas de justicia de estas naciones. Hacia ese lugar apuntamos; donde logremos, como Estado frente a sus ciudadanos, niveles de legitimidad reforzados por el efectivo cumplimiento de la función reguladora de la economía y la sociedad. Estamos conscientes de que en la dimensión de las relaciones horizontales, las relaciones entre sujetos de derecho (típicamente, entre agentes económicos) en las actividades de creación, distribución, intercambio y consumo de los bienes y servicios, una justicia independiente juega un papel fundamental como salvaguarda última de la eficacia de la norma como elemento de seguridad jurídica.

La historia ha demostrado que el éxito del crecimiento de las economías no reside en la tenencia de mercados financieros desregulados que operen en detrimento de la política y el Estado. Más bien, el éxito reside en la consagración de un sano equilibrio entre Estado y mercado. Es que no se puede olvidar que la política es la herramienta fundamental de impulso del cambio en la sociedad y la misma se canaliza a través del Estado y su composición administrativa. Por ello nos encontramos haciendo esfuerzos encomiables en aras de acrecentar la calidad de las instituciones del Estado dominicano; cuestión que operará, de forma decisiva, en el desarrollo económico y social dentro del sistema de economía de mercado. Somos absolutamente conscientes de nuestras falencias, hijas de una oprobiosa deuda social acumulada, sin embargo, coincidiendo con lo afirmado por Juan Luis, de que este es el único país donde no somos extranjeros, renovamos compromiso de trabajar sin descanso en la tarea de prevenir ––primero––, y de enfrentar el fenómeno de la criminalidad en sus diversas formas operacionales.

Lo anterior, sin embargo, no podrá consolidarse si no se logra el equilibrio del que hemos venido hablando. El crecimiento económico debe, por ende, sustentarse en la actividad empresarial del sector privado, en el acceso al empleo, a una renta digna y en políticas redistributivas. Es este el único camino adecuado para superar la pobreza y generar cohesión social. La solución podemos encontrarla en una economía social de mercado, donde la empresa privada, pero socialmente responsable, juegue un rol protagonista en el desarrollo. Por ello, la promoción de la inversión ha sido el eje central de las políticas públicas contemporáneas. Los esfuerzos hasta ahora realizados han logrado situar a la República Dominicana, en los estudios internacionales realizados por Doing Business, en su edición 2015 , en el lugar número 84, de un total de 189 países, en cuanto a facilidad y ambiente propicio para hacer negocios.

Perseguimos convertirnos en modelos y referentes positivos para la región. Los indicadores socioeconómicos indican que vamos encaminados a ese objetivo. Estos arrojan que durante la última década se ha crecido a una tasa promedio anual del 5%, al tiempo que se ha producido una mejora en los índices de pobreza e indigencia. Asimismo, en términos de seguridad ciudadana, la República Dominicana ha logrado disminuir su tasa de criminalidad, ocupando, conforme al estudio "Tasas de homicidios de las capitales de los países de Latinoamérica", elaborado por la Procuraduría General de la República, el décimo lugar en un ranking de 25 países, donde se genera la más baja tasa de homicidios de América Latina, superando a Venezuela, Honduras, El Salvador, Jamaica, Belice, Guatemala, Puerto Rico, Panamá, Haití, Brasil , Trinidad y Tobago, México, Nicaragua y Colombia.

Cada vez más nuestro país evidencia una mayor madurez económica, muy especialmente frente a la óptica internacional. La República Dominicana, con la adopción de reformas estructurales en su sistema arancelario y en su sistema de recaudación fiscal, ha conseguido transparentar su sistema tributario y su comercio exterior, lo que facilita la consagración de compromisos de liberalización comercial.

La práctica comparada demuestra que el crecimiento y la estabilidad ––objetivos que perseguimos como nación––, son posibles gracias al establecimiento y consolidación de la democracia, a la seguridad jurídica que se ha generado, a los incentivos para el buen funcionamiento de los mercados (nacionales y regionales) y la promoción de la Inversión Extranjera Directa (IED).

Cohesión social implica que desde el sector público y de la mano con el sector privado y productivo de nuestro país aunemos esfuerzos por mejorar y fortalecer la institucionalidad. Así podremos promocionar políticas públicas que favorezcan la competitividad y la generación de riqueza y lograr la cohesión social que asegure la igualdad de oportunidades sobre la base de unos mínimos de bienestar y protección social para el conjunto de la ciudadanía y que, a su vez, permitan una redistribución inteligente de la riqueza y la prosperidad que se generan en nuestra sociedad.

Cohesión social es sinónimo de congeniar, como dos caras de una misma moneda, los esfuerzos de la inversión privada inteligente, aunada y protegida por la seguridad jurídica que sólo puede garantizar el sector público, el Estado. La cohesión social implica un trabajo en equipo, unísono, donde la industria invierta y, por supuesto, lo haga con seguridad; con las garantías que brindan las cuestiones mencionadas. Garantías que vemos reunidas en nuestra Constitución dominicana, la cual, a partir del 2010, trajo consigo una reforma estructural impregnada de herramientas posibilitadoras y garantes de la seguridad jurídica. Es decir, todo un catálogo de derechos fundamentales e instituciones que ponen a la sociedad en posibilidad de controlar el poder. De tal forma, la seguridad jurídica aparece como uno de los principales bienes jurídicos protegidos por nuestra Carta Magna y por el engranaje legislativo que le ha continuado.

En definitiva, fortalecernos como nación implica un ejercicio de responsabilidades compartidas entre el gobierno nacional, las organizaciones regionales, la cooperación internacional y la sociedad civil, representada, principalmente, por el sector empresarial e industrial.

El actual gobierno de la República Dominicana ha intentado, con seriedad, asumir este enfoque. Además de luchar contra la pobreza, nuestro país ha centrado su cooperación en la promoción de la gobernabilidad democrática y la cohesión social contribuyendo a fortalecer la buena gestión de los asuntos públicos, entre los que destaca el reforzamiento de la institucionalidad y la transparencia de las administraciones públicas. A partir del mes de febrero de este año 2015, con la entrada en vigencia de la Ley No. 107-13, de Derecho de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, se añadió un mecanismo más, importantísimo, de cooperación para el fortalecimiento de la seguridad de la que hemos venido hablando. Seguridad que aspira operar, de forma directa, como incentivo a una inversión para el desarrollo. Asimismo, la promulgación de leyes de promoción de incentivos, con notable calidad material, es decir, que ofrecen buenas soluciones legales, verbigracia, la Ley sobre promoción e incentivo del desarrollo turístico; la Ley sobre incentivos a la Agropecuaria; la Ley sobre Fomento a las Zonas Francas; la Ley sobre incentivos y exenciones fiscales a productores y autogeneradores de energías renovables, entre otras, operan en el mismo sentido.

En definitiva, esta apuesta posee cimientos sólidos que consisten y se fundamentan en el firme convencimiento de que no puede haber negocios exitosos en sociedades que fracasan, pero sobre todo que su principal incentivo no puede ser solamente maximizar su beneficio económico descuidando el entorno en que operan. El "Estado de Derecho", la prevalencia de un marco constitucional moderno es, en la República Dominicana, la base y la garantía de la seguridad jurídica. La consolidación de nuestro país como receptor y emisor de inversiones implica reglas claras de juego. Para esto, se necesita la seguridad jurídica y el marco de transparencia y certidumbre, para el que estamos trabajando. Esto, sin duda, nos llama a un diálogo sincero. El desarrollo humano y económico de toda sociedad se sustenta en la generación de riqueza y las empresas son el lugar donde se manifiesta la energía social indispensable para crearla. Por lo tanto, el sector que ustedes, distinguidos, representan y lideran no es un actor secundario en el desarrollo humano y económico; todo lo contrario, se encuentra en capacidad de aportar sustancialmente a la construcción de una sociedad distinta. Invertir por el desarrollo constituye, además de un deber, un gran beneficio para todos.

 

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