Indira Isabel Lorenzo
Directora de Sostenibilidad de Martí
Comité de Sostenibilidad de AMCHAMDR 

La economía circular ha dejado de ser una conversación exclusivamente ambiental para convertirse en un tema central dentro de la competitividad global. En un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, presión sobre los recursos naturales, nuevas exigencias regulatorias y transformación de las cadenas de suministro, los países enfrentan el desafío de construir modelos de crecimiento más resilientes y sostenibles. 

Estados Unidos, Europa y otros mercados estratégicos avanzan hacia estándares cada vez más rigurosos en materia de trazabilidad, gestión de residuos y cumplimiento ambiental. Hoy, grandes corporaciones e inversionistas internacionales no solo evalúan costos operativos o incentivos fiscales al momento de invertir; también observan la estabilidad regulatoria, la capacidad institucional y el nivel de alineación de los países con las nuevas dinámicas globales de sostenibilidad. 

En América Latina y el Caribe, esta transición ocurre en medio de importantes retos estructurales. La región busca avanzar hacia modelos más sostenibles sin comprometer competitividad, productividad ni capacidad de crecimiento económico. Y precisamente ahí reside uno de los mayores desafíos de política pública para los próximos años: cómo equilibrar sostenibilidad con desarrollo. 

En la República Dominicana, la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos —y sus discusiones recientes en torno a posibles modificaciones y mecanismos de aplicación— ha reactivado una conversación nacional que trasciende el manejo de residuos. Lo que realmente está en debate es cómo construir un marco regulatorio moderno, viable y competitivo para acompañar la transición hacia una economía circular. 

Las conversaciones entre el gobierno, el Congreso, gremios empresariales y distintas instituciones vinculadas a la implementación de la ley reflejan la complejidad del momento actual. Particularmente, las discusiones sobre contribuciones económicas, mecanismos de recaudación y aclaraciones posteriores por parte de la DGII han generado inquietudes dentro del sector privado sobre costos, predictibilidad regulatoria y capacidad de adaptación operativa. 

Sin embargo, este proceso también evidencia un aspecto positivo: la voluntad de diálogo entre los distintos actores para buscar consensos y soluciones técnicas sostenibles. Esa capacidad de construir acuerdos será determinante para fortalecer el clima de negocios y mantener la confianza de inversionistas nacionales e internacionales. 

El escenario adquiere aún mayor relevancia dentro del nuevo marco del Código Procesal Penal y el fortalecimiento progresivo de las consecuencias legales asociadas a violaciones ambientales. En esta nueva realidad, los incumplimientos ambientales ya no representan únicamente riesgos administrativos o reputacionales; comienzan a incorporar implicaciones civiles y penales cada vez más significativas para empresas y tomadores de decisión. 

Este cambio refleja una tendencia global. Los temas ambientales están evolucionando desde esquemas voluntarios de cumplimiento hacia estructuras regulatorias más estrictas, donde la debida diligencia, la trazabilidad y la gestión responsable forman parte integral de la gobernanza corporativa. 

No obstante, el fortalecimiento regulatorio debe ir acompañado de criterios de proporcionalidad, gradualidad y viabilidad económica. La sostenibilidad efectiva no puede construirse desde modelos punitivos aislados de la realidad operativa de las empresas ni desconectados de la necesidad de mantener crecimiento económico, generación de empleos y atracción de inversión. 

La República Dominicana necesita avanzar hacia estándares ambientales modernos y robustos. Pero también necesita preservar su competitividad regional, fortalecer su clima de inversión y continuar impulsando sectores estratégicos como zonas francas, turismo, manufactura, energía y construcción, pilares fundamentales de la economía nacional y de las relaciones comerciales con Estados Unidos. 

La transición hacia la economía circular debe convertirse en una ventaja estratégica y no en un obstáculo para el desarrollo. Para lograrlo, será necesario continuar fortaleciendo infraestructura para reciclaje y valorización, capacidades institucionales, educación ciudadana, incentivos a la innovación y espacios permanentes de diálogo público-privado. 

La sostenibilidad moderna exige equilibrio. Requiere regulaciones claras, instituciones fuertes y visión de largo plazo, pero también comprensión de las dinámicas económicas que sostienen el crecimiento y la inversión. 

La conversación sobre economía circular en República Dominicana apenas comienza. Y precisamente por su impacto en el comercio internacional, la competitividad y la seguridad jurídica del país, deberá continuar evolucionando desde el análisis técnico, la investigación y la construcción colectiva de soluciones capaces de armonizar sostenibilidad y desarrollo económico en una misma visión de futuro. 

Aviso: las opiniones expresadas en este artículo reflejan únicamente el criterio personal del autor(a) y no constituyen, en ningún caso, una posición institucional ni un comunicado oficial de AMCHAMDR.